Cuando una persona fallece, heredar sus bienes puede ser un proceso complicado que mezcla aspectos emocionales, legales y fiscales. Aunque no siempre hay un límite estricto para realizar la partición de una herencia, sí existen factores y obligaciones que condicionan los plazos. El día de hoy veremos las claves que todo heredero debe conocer para evitar conflictos y sanciones.
¿Existe un plazo legal para repartir una herencia?
En España, no hay un tiempo límite obligatorio para repartir los bienes de una herencia. Esto quiere decir que, siempre que los herederos estén de acuerdo, la partición puede demorarse indefinidamente. Sin embargo, la situación cambia si surge algún conflicto, si hay deudas pendientes o si no se cumplen ciertos trámites fiscales dentro de los plazos establecidos.
El Código Civil establece que cualquier interesado, ya sea un heredero o incluso un acreedor, puede pedir a un juez que imponga un plazo para que los herederos se pronuncien sobre la aceptación o renuncia de la herencia. Este periodo es, generalmente, de 30 días hábiles, aunque puede variar según el caso.
El impacto de los impuestos en los plazos
Uno de los aspectos más importantes al gestionar una herencia son las obligaciones tributarias. Tras el fallecimiento del causante, los herederos deben presentar y liquidar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) en un plazo de seis meses. Este periodo puede extenderse otros seis meses si se solicita una prórroga dentro de los primeros cinco meses.
No cumplir con este requisito trae consigo sanciones, recargos e intereses de demora, lo que puede encarecer considerablemente el proceso de herencia.
Aunque no es obligatorio haber completado el reparto para cumplir con este impuesto, es esencial valorar los bienes heredados, ya que este dato es necesario para calcular el tributo correspondiente.
¿Qué ocurre si no se reparte la herencia?
Cuando una herencia no se reparte, los bienes permanecen en copropiedad entre los herederos según los porcentajes que les correspondan. Esto significa que, aunque ninguno puede disponer unilateralmente de dichos bienes, tampoco pierden su derecho sobre ellos. Sin embargo, esta situación puede generar conflictos, especialmente si alguno de los copropietarios desea vender o utilizar los bienes sin el consentimiento del resto.
Si los herederos no logran ponerse de acuerdo, uno de ellos puede recurrir a la vía judicial para solicitar la división de la herencia. En este caso, será un juez quien decida cómo se distribuirán los bienes, lo que puede retrasar aún más el proceso y aumentar los costos administrativos y legales.
¿Qué pasa con los herederos que no actúan?
Una situación común ocurre cuando algunos herederos no toman decisión alguna respecto a la herencia. Si, tras el plazo fijado por un juez o ante la pasividad de un heredero, este no se ha pronunciado, se considera que ha aceptado la herencia a beneficio de inventario. Bajo este mecanismo, el heredero únicamente responde de las deudas del fallecido hasta donde lo permitan los bienes heredados, protegiendo así su patrimonio personal.
Este punto es especialmente relevante, ya que muchas personas evitan heredar por el temor a asumir deudas. El beneficio de inventario actúa como una salvaguarda en este tipo de casos.
La indivisión hereditaria: un problema común
La indivisión hereditaria ocurre cuando varios herederos comparten la propiedad de un bien, como una casa, un terreno o incluso cuentas bancarias, sin haber formalizado su división. Esta situación es más frecuente de lo que parece y, en muchos casos, puede extenderse por largos años si los involucrados no logran ponerse de acuerdo o muestran poca intención de negociar.
Este problema no solo genera tensiones familiares, sino que también puede complicar el uso o mantenimiento del bien en cuestión. Por ejemplo, mantener una casa heredada sin acuerdo puede convertirse en una carga económica para algunos herederos, mientras que otros tal vez quieran venderla o modificarla, lo que puede agrandar los conflictos.
Para evitar que la situación se estanque, los herederos tienen la opción de trabajar con un contador-partidor. Este experto actúa como mediador y busca una distribución equitativa de los bienes, tomando en cuenta las leyes y los intereses de todas las partes. Sin embargo, si no se logra un consenso, el caso puede terminar en los tribunales. Judicializar el proceso suele ser costoso y puede demorar aún más la resolución, lo que aumenta el desgaste emocional y financiero de todos los involucrados.
Por eso, aunque no siempre es sencillo, priorizar el diálogo y buscar asesoría profesional es clave para resolver estas situaciones de manera más rápida y justa.
