Proponen suspender 30 días sin sueldo a los funcionarios que no cumplan su horario
La iniciativa busca endurecer las sanciones contra los funcionarios públicos que no cumplan con sus horarios laborales, con medidas que incluyen una suspensión de empleo y sueldo de hasta 30 días.

La idea principal es que los funcionarios que cometan infracciones leve relacionadas con el incumplimiento del horario laboral, como retrasos reiterados o ausencias injustificadas, podrían enfrentar sanciones significativas. Hasta ahora, las multas por este tipo de comportamientos eran más leves, pero con esta reforma se busca establecer castigos más duros para fomentar la responsabilidad y el compromiso laboral.
El PSOE propone clasificar las sanciones según la gravedad de las faltas cometidas:
- Faltas leves: incluyen ausencias de un día sin justificación, incumplimientos de horarios, negligencias menores y comportamientos irrespetuosos. Estas podrían sancionarse con suspensiones que van desde 1 hasta 30 días.
- Faltas graves: según las reglas actuales, se imponen suspensiones que van más allá de los 30 días y pueden extenderse hasta 2 años.
- Faltas muy graves: las sanciones contempladas van desde 2 hasta 6 años de suspensión, dependiendo de la situación.
El motivo detrás de esta modificación es alinear las condiciones laborales del sector público con las del sector privado, donde ya existen medidas disciplinarias estrictas. Por ejemplo, en empresas privadas un empleado puede enfrentarse al despido si acumula retrasos que afecten al rendimiento de su puesto o al funcionamiento general de la organización.
El objetivo final del PSOE, aseguran, no es castigar sin razón, sino mejorar la eficiencia de la administración pública. En este sentido, se busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de respetar las normas dentro del ámbito laboral.
Debate sobre la proporcionalidad de las sanciones
Aunque la medida tiene un objetivo claro, no está exenta de polémica. Muchos cuestionan si una suspensión de hasta 30 días sin sueldo por faltas menores podría considerarse un castigo desproporcionado. Algunos analistas argumentan que este nivel de sanción podría generar desmotivación o ser contraproducente.
Por otro lado, existen sectores que apoyan la propuesta. Alegan que un sistema disciplinario más estricto ayudará a combatir problemas como la impuntualidad crónica y mejorará el funcionamiento general del sector público. Las sanciones, consideran, no deberían ser vistas como un castigo arbitrario, sino como una herramienta para garantizar el buen desempeño de los trabajadores.
¿Qué significa ser reincidente?
Según el texto propuesto, un funcionario será considerado reincidente si comete más de una infracción de la misma naturaleza en un período de 12 meses, siempre y cuando estas hayan sido corroboradas mediante una resolución administrativa firme.
Este detalle busca evitar que las sanciones se apliquen de manera arbitraria o en situaciones puntuales. En cambio, se enfocan en aquellos casos donde el comportamiento problemático es repetitivo y muestra una falta de voluntad para corregirlo.
Otros temas abordados en la Ley de la Función Pública
Además de las sanciones por incumplimiento del horario, la reforma también incluye aspectos relacionados con la jubilación parcial y otros beneficios laborales. Sin embargo, es evidente que las medidas disciplinarias son las que más atención están generando.
En el contexto actual, donde la eficiencia y la organización son claves para garantizar servicios públicos de calidad, esta propuesta aspira a introducir cambios importantes que podrían repercutir tanto en los empleados como en los ciudadanos.
Por ahora, solo queda esperar cómo se desarrollan las discusiones en el Parlamento y si esta iniciativa logra el consenso necesario para entrar en vigor. ¿Supondrá esta reforma un avance hacia una administración más eficiente o será vista como un paso demasiado restrictivo? Solo el tiempo lo dirá, pero está claro que el debate está sobre la mesa.